A nadie le queda duda que lo que hay en Venezuela es un  régimen que se está desmoronando aceleradamente. Un claro ejemplo es la  cantidad de presos de diferente tipo que hemos tenido últimamente:  políticos, militares, policías, enfermeras, periodistas, banqueros,  corredores de bolsa y hasta jueces.
Ahora bien, a diferencia de los clásicos regímenes que apresan  a enemigos y opositores a escondidas, éste lo hace de manera abierta, a  la luz pública y, muchas veces, anunciado en cadena nacional. Chávez pide cárcel para alguien desde su Aló Presidente o una  de sus múltiples cadenas, e inmediatamente, la Fiscalía, los tribunales,  el ejército y la Policía se ponen en marcha para apresar o intimidar.  Una que otra vez la detención es totalmente ilegal pero muchas veces hay una ley que apoya la intervención del Ministerio Público en su tarea de  agente persecutorio. Digamos que lo claramente ilícito es la interpretación perversa y manipulada que da la Fiscalía, que sea el mismo  Presidente quien lo ordene, que se haga a dedo dependiendo del capricho  del momento, que haya discriminación por los mismos delitos y que luego  no se respeten ni lapsos ni procedimientos ordinarios para asegurarse  que quien es contrario al régimen y queda tras las rejas permanezca allí el mayor tiempo posible.
El modus operandi es tal que en Venezuela no hace falta un ente represivo como la Seguridad Nacional para apresar e intimidar sino que la misma ley Venezolana  es un  magnífico instrumento de represión cuando cae en manos de un régimen como es el  chavista. Además, una vez preso, es  extremadamente fácil seguirlo estando, dado, independientemente de política y de corrupción, del gran poder de los jueces y de  la enorme burocracia judicial.
Quitarle la libertad a alguien debería ser un acto extremo que  se aplique para preservar la seguridad de la sociedad o para castigar  crímenes muy graves: asesinato, abuso de menores, violaciones, robo a  mano armada. Sin embargo, las leyes Venezolanas son tales que alguien alguna vez decretó legalmente que se podía pasar la noche en la cárcel por haber pasado  con  luz roja; que se puede pagar con pena de varios meses por injuria  y se puede amenzar a alguien con  treinta años  de cárcel por haber filmado un reportaje contrario a los intereses de  la nación. En estos últimos once años, además, Chávez ha perfeccionado la emanación de leyes que coharten la libertad del individuo.Hoy en día, por ejemplo, existen nuevos delitos, como son los  relativos a faltas profesionales, que hacen de cada funcionario público  un criminal en potencia. Y ni hablemos de las detenciones  preventivas, que han existido siempre, pero que ahora se aplican por toda suerte de acusaciones que violan, en toda legalidad,  la presunción de inocencia y abren la puerta a monumentales abusos de poder.
Paradójicamente  la sociedad libre venezolana en vez de protestar por las leyes que  permiten tales abusos pide más bien que se apliquen con más rigor, que se  aprese más o se aprese mejor, independientemente del bando en el que se  esté. Los chavistas desean que este o aquel personaje identificado como  rico y opositor sea apresado por confabulador, golpista o acaparador  mientras que los opositores quieren que se apresen miembros  del gobierno por negligencia o porque se corre la voz de que son grandes corruptos. Por ningún lado existe la presunción de inocencia ya que la opinión pública busca desesperadamente un chivo expiatorio por el rápido descalabro del país. Pero incluso en casos de culpabilidad comprobada, el sentimiento que existe es que cualquier culpa amerita cárcel y, además por mucho tiempo. Irónicamente, nadie pide privativa de libertad para el Presidente, quien, por el contrario, en esa  cacofonía de voces sedientas de apresameniento, utiliza  las leyes a su antojo para  amedrentar, castigar o intimidar decidiendo cómo, a quién, en qué  momento y por cuanto tiempo se apresa a uno u otro.
En estos momentos el efecto de las leyes manipuladas y del clima de linchamiento judicial que se vive en Venezuela menoscaba claramente los derecho humanos de aquellos que se ven afectados por la persecución y la ira presidencial. Sin embargo, hay un efecto político muy grave que muchos pasan por alto: se trata del daño que se le hace a la transparencia como fundamento de la fibra democrática del país.
En efecto, democracia implica transparencia ya que un  estado democrático debe tener mecanismos de rendición de cuentas y  auto-evaluación. Pues bien, apresar a alguien puede llevar, justamente,  a no tener que rendir  cuentas. Las leyes Venezolanas actuales permiten, de hecho, que se  aprese sin que haya necesariamente una investigación pública prealable, lo cual conlleva a que se pueda apagar el clamor de la opinión popular  sin que la misma tenga en manos todos los elementos de juicio. Es un  proceso exactamente contrario al que se tiene en las sociedades  verdaderamente democráticas en las que la cárcel es rara y es sólo  posible después que procesos amplios y abiertos dieron como resultado  que se cometió un grave delito.
En manos de tiranos como Chávez, ese tipo de procedimientos de  aprese primero y averigue después es sumamente peligroso porque puede dar lugar a meter en la cárcel a chivos expiatorios, sin que se llegue a  averiguar nunca la verdad.
En conclusión, con Chávez o sin él, no basta con que la nueva Asamblea Nacional evite la manipulación de las leyes y su aplicación represiva, sino que debe hacer una revisión profunda de las leyes penales del país para evitar que puedan ser usadas como armas legales contra las libertades fundamentales de los venezolanos, cualquiera que sea su condición, formación o convicción política.
PD. Me enviaron por correo el link a este video que yo creo que refleja perfectamente lo que se expresa en el post.
1 comment:
Bruni, se te olvido mencionar que muchos criminales que roban, matan y secuestran salen libres en menos de 8 dias.
Algo asi como un 90% de los homicidios en Venezuela no terminan con el culpable pagando carcel.
Basta con que seas opositor, y ahi si, si vas preso!
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